El gobierno ejerce un control casi total sobre la prensa: los 24 periódicos, 32 cadenas de televisión y 44 radios del país están obligados a seguir la línea decretada por el Departamento de Propaganda del Partido Popular Revolucionario Laosiano (PPRL), liderado por los tres periódicos del partido en el poder: Pathet Lao, Vientiane Mai y Pasaxon. Los medios anglófonos disponen de un poco más de margen de maniobra: aunque el diario Vientiane Times también quedó bajo la autoridad del Departamento de Propaganda en 2025, la web de noticias Laotian Times tiene una línea editorial más independiente. Conscientes de las restricciones impuestas a los medios oficiales, un número cada vez mayor de laosianos rechaza la propaganda de estos medios estatales y se informa a través de YouTube, Facebook y otras redes sociales —que se han convertido en un importante canal de información—, así como a través de las cadenas de televisión tailandesas.

El Partido Revolucionario Popular de Laos (PPRL) vigila estrechamente a la prensa y hace imposible la creación de medios independientes en la lengua nacional. En el corazón de este sistema, los dignatarios del poder, a menudo descendientes de la antigua aristocracia, cercenan la información. Este entorno político es factor de autocensura y explica por qué los periodistas se limitan a copiar los teletipos de la Khaosan Pathet Lao (KPL), la agencia gubernamental de noticias. Desde 2016, los medios extranjeros son tolerados en Laos, a condición de que sometan sus contenidos a la censura previa del PPRL. Como resultado, solo las agencias de prensa china (Xinhua) y vietnamita (VNA) han abierto oficinas en la capital, Vientián. El régimen considera tabús temas como las catástrofes naturales y los grandes proyectos de inversión con países como Tailandia, Vietnam y China.

La Constitución garantiza a los ciudadanos  “la libertad de expresión”, pero prohíbe a los medios atentar contra “los intereses nacionales” o la “cultura tradicional”. Un artículo ambiguo del Código Penal permite encarcelar a periodistas que critican al gobierno, una prerrogativa que se extiende a los usuarios de Internet, desde 2014. En respuesta al creciente uso de las redes sociales, las autoridades han ampliado el control de la información y ordenado que las páginas informativas de Facebook y otras plataformas se registren ante las autoridades, so pena de sanciones. Por otra parte, los proveedores de acceso a la red son obligados a compartir con las autoridades los nombres, profesiones e historiales de búsqueda de los usuarios. 

El gobierno posee el grueso de los medios de forma directa. El desarrollo progresivo de los medios digitales ha sido posible por los avances tecnológicos: mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones, mejor acceso a Internet y aumento del número de usuarios de teléfonos móviles inteligentes. Las autoridades cooperan con la vecina China, que ejerce una gran influencia en el país, para desarrollar la vigilancia de Internet y el control de la información, especialmente a través de acuerdos de cooperación en materia de inteligencia y del suministro de equipos por parte de empresas tecnológicas chinas.

El partido reprime toda forma de expresión colectiva libre. Gracias a la gran cercanía lingüística de las lenguas lao y thaï, los jóvenes laosianos siguen lo que sucede en las redes sociales tailandesas e incluso lanzaron, en 2020, algo inédito: un movimiento de protesta en Internet #SiLosPolíticosLaosianosFuesenBuenos (#ຖ້າການເມືອງລາວດີ), para denunciar la ausencia de libertad de expresión el país. El régimen reaccionó creando un grupo de trabajo encargado de vigilar el uso de las redes sociales y de mandar a la cárcel a cualquier persona que critique al poder.

El cerrojazo a la información es tal que el margen de maniobra de los periodistas en los medios oficiales es prácticamente nulo. En 2018, a varios reporteros locales y extranjeros se les prohibió la cobertura del hundimiento de una presa sobre el Mekong. Los medios en Internet independientes están severamente reprimidos: la bloguera Muay Littlepig fue condenada a cinco años de prisión en 2019 por haber querido informar a sus conciudadanos sobre unas inundaciones. Compartir en redes sociales información sobre la corrupción de las autoridades o cualquier dato que se considere delicado puede dar lugar a una detención, a actos de violencia o incluso a un asesinato.