En Honduras, la compra de los grandes medios por parte de inversores internacionales y la adquisición de medios locales por élites políticas y económicas entorpecen el pluralismo. Los principales diarios del país son La Prensa, El Heraldo y La Tribuna. En paralelo, se ha consolidado un periodismo digital de investigación expuesto a estigmatización, presiones locales y hostigamiento en Internet. En el ámbito territorial, radios y medios comunitarios operan con una alta vulnerabilidad por su dependencia publicitaria y la presencia de actores armados.

Las elecciones de 2025 y la transición de gobierno a comienzos de 2026 se desarrollaron en un clima de alta polarización y disputas sobre los resultados, con destacadas injerencias externas, como la del respaldo público del presidente estadounidense, Donald Trump, a Nasry “Tito” Asfura, investido presidente el 27 de enero de 2026. Los periodistas se enfrentan a retos similares a los que encaraban con gobiernos anteriores: discursos denigrantes, el rechazo al acceso a las fuentes informativas y la falta de protección contra las amenazas. 

La tasa de impunidad, en un país marcado por la violencia del crimen organizado y por la corrupción, es una de las más elevadas del continente. Se emprenden regularmente acciones judiciales abusivas contra los periodistas y las penas de prisión por difamación son habituales. En ocasiones, van acompañadas de la prohibición de volver a ejercer el oficio. El nuevo Código Penal, aprobado en 2020, contiene artículos restrictivos, en especial, la penalización del derecho de manifestación y reunión. En 2025, el jefe de las Fuerzas Armadas presentó querellas por difamación contra doce medios y se documentaron presiones para forzar la revelación de fuentes. La difamación penal tiene un efecto inhibidor sobre investigaciones de interés público.

Honduras es uno de los países menos igualitarios de América Latina. La precariedad laboral y la fragilidad financiera limitan la sostenibilidad del periodismo independiente, especialmente a nivel local. La dependencia publicitaria incrementa la vulnerabilidad editorial y favorece la autocensura. Aunque los medios independientes reciben recursos a través de los escasos proyectos de subvenciones internacionales, la mayoría debe llevar a cabo su labor en condiciones paupérrimas.   

El país vive un momento de polarización social que se traslada al espacio informativo mediante campañas de estigmatización y hostigamiento en línea. Las mujeres periodistas y los comunicadores indígenas se ven especialmente afectados, con ataques de carácter sexista o racista que en algunos casos alcanzan a sus entornos familiares. Faltan voces diversas en el debate público, en especial de las mujeres y de las comunidades.

Los periodistas y los medios comunitarios – sobre todo los que reportan sobre narcotráfico, crimen organizado, megaproyectos, polarización social y violencia contra las mujeres – son agredidos con regularidad, y son el blanco de campañas de acoso e intimidación, persecución, amenazas de muerte o exilios forzosos. La mayoría de las veces, las agresiones y actos de violencia contra la prensa son cometidos por las fuerzas del orden, en especial por parte de la policía militar y el ejército. El país cuenta con un Mecanismo Nacional de Protección, pero se enfrenta a limitaciones operativas. En 2025, 45 periodistas y 15 comunicadores fueron usuarios de este mecanismo, a pesar del cual persisten los homicidios, las amenazas y los desplazamientos forzados, en un patrón de impunidad que debilita el ejercicio del periodismo.