Guyana cuenta con una gran diversidad de medios nacionales y regionales. Sin embargo, este panorama se ha visto debilitado por el anuncio, en 2026, del cierre de The Stabroek News, uno de los principales diarios del país, tras 40 años de existencia. Entre los principales periódicos que siguen en activo se encuentran Kaieteur News, Guyana Times y Guyana Chronicle. Éste último es propiedad del Estado y está bajo su control, al igual que el servicio de radiodifusión The National Communications Network. Además, existen varios medios informativos de televisión, emisoras de radio y publicaciones digitales de noticias de capital privado. Los organismos reguladores, incluido el consejo de la Guyana Broadcast Authority, son designados sin consultar a la oposición y, por consiguiente, no todos los partidos políticos están representados en ellos.

Los miembros de la autoridad reguladora de los medios son nombrados directamente por el presidente, lo que menoscaba la independencia de algunas redacciones, cuya licencia puede ser revocada. Los responsables políticos excluyen habitualmente a determinados medios de comunicación por motivos políticos. Las ruedas de prensa presidenciales son escasas y están estrictamente controladas. En 2026, la Asamblea Nacional introdujo nuevas y controvertidas restricciones relativas al acceso de la prensa, en particular la prohibición de las cámaras de televisión.

Guyana es una democracia parlamentaria en la que la libertad de expresión y el derecho a la información están garantizados por la Constitución, pero la ley no siempre se aplica con rigor. Las autoridades no dudan en recurrir a las demandas por difamación contra los medios críticos, y la amenaza del acoso judicial puede ser suficiente para disuadir a los periodistas de continuar una investigación. En los últimos años, el país ha adoptado una legislación dirigida a amordazar a los periodistas no afines con las autoridades. La normativa incluye un proyecto de ley contra la difamación que prevé multas y penas de prisión de hasta dos años “para detener a los periodistas que se oponen a los partidos políticos”. 

Los medios de comunicación estatales compiten con varias emisoras de radio, cadenas de televisión y publicaciones privadas. En desventaja frente a los medios progubernamentales en lo que respecta a los ingresos publicitarios, las redacciones independientes y las más próximas a  la oposición ven comprometida su viabilidad económica. El diario Stabroek News acusó al Gobierno de no haberle abonado una deuda publicitaria de más de 71 millones de euros, cuando anunció el cese de sus actividades.

Los periodistas son respetados, generalmente protegidos, y se les permite ejercer su profesión con total libertad e independencia. Sin embargo, varios han denunciado ataques verbales y agresiones por parte de algunos políticos –incluidos el presidente y el vicepresidente– y de sus seguidores. 

Los profesionales de los medios rara vez son objeto de agresiones físicas o violencia, aunque el vehículo del periodista de investigación Travis Chase fue tiroteado en diciembre de 2023. Algunos reporteros también han sido objeto de intimidaciones judiciales y suspensiones, y a menudo son acosados en Internet por actores políticos y, en ocasiones, por desconocidos. No se han tomado acciones legales por ninguno de estos asuntos.