El panorama mediático es diverso y ofrece cobertura nacional y regional, con medios comerciales privados, medios públicos, canales culturales y religiosos, y medios universitarios. Los periodistas pueden ejercer su profesión sin trabas y se benefician de un sólido marco jurídico que garantiza la libertad de expresión. Sin embargo, el deterioro del clima público y las presiones desde el poder han incrementado los riesgos de autocensura.

Se respeta la separación e independencia de poderes, así como los órganos de control y supervisión. No existe un partido dominante, lo que preserva el diálogo entre los distintos actores durante los debates legislativos. Sin embargo, el gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles ha adoptado una línea de confrontación con algunos medios y periodistas críticos, lo que se manifiesta regularmente en ataques verbales. Además, se han reportado restricciones al acceso a la información pública bajo su administración.

La Constitución de Costa Rica establece que ningún individuo puede ser molestado o perseguido por expresar sus opiniones, y que todos tienen el derecho de comunicar y publicar su opinión sin censura previa. Asimismo, el país es firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 13, reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y expresión y establece que no puede ser restringido por ningún medio. El acceso a Internet es un derecho fundamental y es de uso libre, sin restricciones. La Asamblea Legislativa aprobó una ley marco sobre acceso a la información pública y libertad del ejercicio periodístico. El poder judicial, y en particular la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, desempeña un papel esencial en la protección de la libertad de prensa en el país y del derecho de acceso a la información pública.

En Costa Rica, la libertad de prensa se enfrenta a presiones económicas crecientes que comprometen la independencia de los medios. La concentración de la propiedad de los medios en manos de unos pocos conglomerados limita el pluralismo. Esta situación se ve agravada por prácticas gubernamentales preocupantes: en abril de 2024, la diputada y jefa del grupo parlamentario del partido en el poder, Pilar Cisneros, solicitó la cancelación de las suscripciones de la Asamblea Legislativa a varios medios críticos con el gobierno, alegando razones de austeridad. A ello se suman alertas sobre la posible implementación (total o parcial) de un sistema de asignación por subasta de frecuencias de radio y televisión, que podría afectar el pluralismo al elevar barreras de entrada para medios pequeños, comunitarios y regionales.

Costa Rica es reconocida por su pluralismo y el respeto a los procesos electorales, las libertades civiles y la participación política. El consumo informativo combina conversaciones en el círculo familiar y amistoso, redes sociales, televisión, radio y periódicos. El país constituye un refugio para ciudadanos perseguidos de otras nacionalidades, especialmente, en los últimos años, periodistas nicaragüenses. En este ámbito, existe preocupación por los vacíos existentes en la protección efectiva de periodistas exiliados y por las presiones que podrían derivar en autocensura.

A pesar de los intentos del Ejecutivo por estigmatizar a la prensa crítica, no existe un patrón de violencia física sistemática contra periodistas, ni de vigilancia o encarcelamiento. Sin embargo, se han reportado casos de intimidación y amenazas, incluida violencia verbal contra periodistas de medios universitarios. El ejercicio del periodismo está protegido por el marco legal del país, y la Sala Constitucional garantiza la confidencialidad de las fuentes y reconoce la importancia de una prensa libre en una democracia.