Las cadenas de televisión (BNT, bTV, Nova, etc.) y los medios digitales constituyen las dos principales fuentes de información de un país en el que la prensa en papel pierde progresivamente su influencia. La afiliación política que exhiben los miembros del Consejo de la Prensa Digital erosiona la independencia editorial de los medios públicos, mientras que la de los medios privados se ve amenazada por los intereses que tienen sus dueños en otros sectores regulados. 

Las intimidaciones a los periodistas por parte de políticos y la instrumentalización de determinados medios con fines políticos están a la orden del día en Bulgaria. El largo período de inestabilidad que siguió a la marcha del primer ministro Boiko Borisov suavizó la presión política, aunque ésta sigue estando presente.

El marco legislativo de Bulgaria prevé unas normas “de mínimos” para proteger a los periodistas, conforme a las exigencias de la Convención Europea de Derechos Humanos y a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo. Al mismo tiempo, la corrupción, la falta de independencia y la escasa eficacia del sistema jurídico contribuyen a que el Estado se vea impotente para actuar contras las vulneraciones de la libertad de prensa. Los medios independientes y los periodistas de investigación son objeto regularmente de acciones judiciales abusivas o “procesos mordaza” (SLAPP).

Los medios dependen casi enteramente de los ingresos publicitarios, controlados mayoritariamente por el Estado. El reparto por parte del gobierno de fondos públicos nacionales y europeos no es transparente, lo que favorece una atribución partidista, que privilegia a los medios cuya línea editorial es afín al ejecutivo. 

Los periodistas de investigación que cubren asuntos relativos al crimen organizado y a la corrupción sufren amenazas frecuentes. Además, los medios especializados en cuestiones de minorías o financiados por fundaciones con sede en Estados Unidos y en Europa occidental se enfrentan habitualmente a un entorno hostil, así como a campañas de odio.

Las constantes amenazas y agresiones físicas contra los periodistas búlgaros, especialmente en período electoral, constituyen un problema importante. El impacto de esta violencia, que se ejerce especialmente contra los reporteros de fuera de la capital, se ve agravado por la impunidad que afecta a los crímenes cometidos contra los periodistas. El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra los periodistas es un problema sistémico.