Los dos grandes medios del Estado, Bangladesh Television (BTV) y la emisora de radio Bangladesh Betar, así como la agencia nacional de noticias Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) funcionan como órganos del gobierno, sin independencia editorial. El sector privado cuenta unos  3 000 medios de prensa escrita diaria o periódica, 30 emisoras de radio, de las cuales algunas son emisoras comunitarias, 30 cadenas de televisión y varios cientos de sitios web informativos. Los populares canales de noticias privadas Jamuna TV, Somoy TV y Ekattor TV, que antes apoyaban al régimen de Sheikh Hasina, evitan la crítica al gobierno de transición. Los dos grandes diarios del país, el de habla bangladesí Prothom Alo y el anglófono The Daily Star logran mantener una cierta independencia editorial.

Desde la independencia del país en 1971, los sucesivos gobiernos han considerado a la prensa como una herramienta de comunicación. El de la primera ministra Sheikh Hasina, de 2009 a 2024, no ha sido una excepción: censura, ciberacoso, presiones de los servicios de inteligencia militar, persecución judicial y un arsenal de leyes draconianas, violencia policial y de las milicias del partido en el poder... El Gobierno de Sheikh Hasina multiplicó las trabas al trabajo de los periodistas. En estas condiciones, las redacciones evitaban cuidadosamente cuestionar al Gobierno y optaban por la autocensura. El 5 de agosto de 2024, este régimen de hierro cayó tras varias semanas de manifestaciones estudiantiles masivas, reprimidas con sangre. El gobierno interino dirigido por Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz, se encargó del período de transición hasta febrero de 2026, cuando las elecciones legislativas llevaron al poder al Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP).

Unos meses antes de las elecciones nacionales del 7 de enero de 2024, el gobierno de Sheikh Hasina introdujo la Ley de Ciberseguridad (CSA), que no es sino una burda copia de la Ley nacional de Seguridad Digital (DSA), una de las legislaciones más draconianas del mundo para los periodistas. En concreto, permite: realizar registros y detenciones sin orden judicial, la incautación de material electrónico, violar el secreto de las fuentes por motivos arbitrarios y condenar a 14 años de cárcel a cualquier periodista que publique informaciones consideradas “propaganda contra el padre de la nación”, que no es otro que el padre de la actual primera ministra. En este contexto,  las redacciones recurren ampliamente a la autocensura.

La mayoría de los grandes medios privados pertenecen a un puñado de grandes empresarios que han despuntado durante el boom económico de Bangladesh. Consideran que sus medios son meras herramientas de influencia y rentabilidad, hasta el punto de preferir unas buenas relaciones con el gobierno en vez de  garantizar la independencia editorial. Muchos periódicos siguen dependiendo de la financiación pública (publicidad gubernamental) y del papel importado para su impresión.

Aunque en la Constitución se define como laico, Bangladesh reconoce al islam como religión de Estado. Esta ambigüedad se reproduce en la prensa, donde todo lo relativo a cuestiones religiosas es tabú. Los medios dirigidos al gran público nunca abordan la cuestión de las minorías religiosas, que sin embargo representan a 10 millones de personas. A lo largo de la pasada década, grupos autoproclamados islamistas radicales lanzaron campañas extremadamente violentas, que se saldaron con el asesinato de periodistas. Estos mismos grupos utilizan hoy las redes sociales para atacar a los periodistas que defienden la laicidad, el derecho a opiniones alternativas o la libertad religiosa. 

Violencia policial, ataques por parte de militantes políticos, asesinatos orquestados desde entornos yihadistas o redes mafiosas… Bajo el régimen de Sheikh Hasina, los periodistas de Bangladesh estaban tanto más expuestos a las agresiones cuanto que los delitos quedaban impunes. Se recurre a menudo a la DSA y a la CSA para mantener a periodistas y blogueros en prisión, en condiciones extraordinariamente difíciles. En el contexto de la purga política que siguió a la caída de Sheikh Hasina, más de 130 periodistas fueron víctimas de procesos judiciales infundados, acusados de “asesinato” e incluso de “crímenes contra la humanidad”, y cinco fueron detenidos. Por último, en el seno de una profesión todavía esencialmente masculina, las mujeres periodistas tienen que bregar con una cultura recalcitrante del acoso y son objeto de campañas de odio en Internet cuando intentan defender públicamente sus derechos.