El Samoa Observer, diario independiente fundado en 1978, ha encarnado durante mucho tiempo la lucha por la libertad de prensa, haciendo frente en el pasado a un incendio intencionado y a amenazas contra sus periodistas. Tras haber sabido resistir a las presiones, se ha transformado en periódico de referencia y su estatus es la envidia de numerosas redacciones de medios en el Pacífico. Savali, el otro gran periódico del archipiélago, un semanario bilingüe samoano/inglés en manos del Estado, se dedica esencialmente a destacar la labor del gobierno. La principal cadena de televisión es TV1, surgida de la privatización del ente público audiovisual, Samoa Broadcasting Corporation. El grupo Talamua posee, entre otras, la emisora SamoaFM, mientras que la radio nacional 2AP se presenta a sí misma como “la voz de la nación”. En 2024, se lanzó The New Atoll, una nueva revista digital independiente.

Aunque Samoa es una democracia parlamentaria con elecciones libres, el Partido de Protección de los Derechos Humanos (HRPP) se ha mantenido en el poder durante casi cuatro décadas, un período en el que las presiones legales y la adopción de medidas legislativas restrictivas han socavado repetidamente la libertad de prensa. Desde 2021, y tras el fin del mandato del HRPP, los sucesivos gobiernos, enfrentados a una marcada inestabilidad política, han intensificado la presión sobre los periodistas y aumentado las restricciones de acceso de los medios a los actos políticos, negándose a menudo a hacer pública información oficial. En este contexto, el Samoa Observer, el único diario independiente del país, ha estado especialmente expuesto a las críticas oficiales y a las limitaciones de acceso a actos oficiales.

Las organizaciones locales, en particular la Asociación de Periodistas de Samoa Occidental (JAWS), abogan por la derogación del artículo 117A de la Ley de Difamación, que prevé penas de prisión y multas elevadas, y expresan su preocupación por el uso de acciones judiciales intimidatorias (SLAPP) dirigidas contra los periodistas. En 2013, las autoridades derogaron la tipificación penal de la difamación, lo que suscitó grandes esperanzas para la libertad de prensa. Fue en vano: el parlamento restableció el delito en diciembre de 2017, cediendo a la presión del primer ministro Tuila’epa Sailele Malielegaoi, que quería poder atacar a cualquier periodista que se atreviese a criticar a los miembros del gobierno. Los profesionales no disponen de ninguna garantía que les permita acceder a informaciones de interés público, una carencia que se ha puesto especialmente de manifiesto durante dos crisis sanitarias: una  grave epidemia de sarampión en 2019, y la pandemia de Covid-19, en 2020-2021. En ambos casos, el gobierno se ha negado a poner información a disposición de los medios y a someterse regularmente al control de los periodistas.

El entorno económico de los medios en Samoa es frágil y se encuentra bajo presión: a pesar de la presencia de medios consolidados como el Samoa Observer, la caída de los ingresos publicitarios, la difícil transición digital y la falta de apoyo institucional limitan la viabilidad financiera de las empresas mediáticas. Esta fragilidad tiene importantes repercusiones en la independencia periodística, la capacidad de producir un periodismo de calidad y la pluralidad de las voces mediáticas en todo el archipiélago.

El 98% de la sociedad samoana es cristiana. Las iglesias protestante y católica tienen una fuerte presencia en los medios. Esta tendencia se ha acentuado considerablemente desde 2017, cuando Samoa consagró al cristianismo como religión de Estado en el preámbulo de su Constitución. De hecho, varios temas están excluidos del debate público, como la violencia de género, la representación en la sociedad de la homosexualidad o la cuestión del aborto. La llegada al poder del partido FAST en 2021 no ha hecho sino confirmar estos tabúes.

La Asociación de Periodistas de las Islas Samoa (JAWS) es el principal grupo de defensa de la libertad de prensa del país. En 2020, el primer ministro Tuila’epa amenazó con prohibir Facebook, por la publicación de contenidos periodísticos que no fueron de su agrado, y demandó personalmente por difamación a un bloguero. A principios de 2025, varios periodistas y sus familiares fueron el blanco de amenazas de muerte en las redes, lo que llevó a la Alianza Samoana de Profesionales de los Medios por el Desarrollo (SAMPOD) a denunciar estos “ataques contra el cuarto poder y la democracia”.