Desde los años 90, la prensa escrita ha experimentado un gran desarrollo: de los 65 semanarios existentes, 10 se publican con regularidad, ya sean publicaciones satíricas como Le Lynx, o periódicos de información general como L'indépendant. El sector audiovisual cuenta con cerca de 60 emisoras de radio y una decena de cadenas de televisión, mientras que un centenar de webs de información han visto la luz en los últimos 25 años. Sin embargo, la producción de información crítica se ve perjudicada por las autoridades de transición, que censuraron ilegalmente cuatro emisoras de radio y dos canales de televisión privados en mayo de 2024. Antes de esta decisión, las emisoras de radio habían sido objeto de interferencias constantes durante seis meses. Las restricciones de acceso a sitios web de noticias independientes no son infrecuentes. 

Aunque la transición de gobierno se había comprometido con RSF a respetar la libertad de prensa, justo después de su llegada al poder en octubre de 2021, las violaciones cometidas por las autoridades se han multiplicado, en particular mediante la censura de varios medios de comunicación de línea editorial libre y de gran audiencia. El órgano regulador de los medios, la Alta Autoridad de la Comunicación (HAC), tiende a alinearse con las autoridades de transición y ha adoptado una línea más dura con los medios críticos. En diciembre de 2023, retiró a tres canales de los paquetes de televisión —dos de los cuales están ahora prohibidos— por razones de “seguridad nacional”. El ministro de Asuntos Exteriores también invocó un “problema de seguridad” para explicar el bloqueo del acceso a las redes sociales en el país durante tres meses, a principios de 2024. 

El fin de las penas de prisión por delitos de prensa, consagrado en la Ley de Libertad de Prensa promulgada en 2010, constituye un gran avance para proteger a los periodistas. Sin embargo, a veces esta ley se elude: un periodista pasó mes y medio en prisión antes de ser condenado a seis meses de prisión condicional en el marco de su trabajo, en 2024. Los reporteros siguen siendo citados o detenidos, como fue el caso de una decena de periodistas en octubre de 2023 y luego en enero de 2024. La ley orgánica sobre el derecho de acceso a la información pública y que establece el principio de transparencia aún no ha entrado en vigor a pesar de su aprobación en noviembre de 2020. 

Los medios públicos guineanos tienen trato de favor en detrimento de los medios privados, ya que el Estado prioriza el acceso de los públicos a los actos oficiales y de comunicación gubernamental. Las subvenciones concedidas a los medios privados son insuficientes. Éstos funcionan principalmente gracias a los anunciantes, pero cuando se les coarta o se les censura, los anunciantes suelen asustarse y rescindir sus contratos. Los medios afectados se ven obligados a reducir sus actividades o a cesarlas totalmente, poniendo así a los periodistas en paro técnico por la falta de fondos. La prohibición de varios medios críticos, en mayo de 2024, provocó la pérdida de más de 700 puestos de trabajo en el sector de la prensa.

Algunos temas como la homosexualidad, la poligamia o la violencia doméstica se tratan con cierta cautela, incluso con contención, para no ofender a la moral pública. Los periodistas que abordan la lucha contra la mutilación genital femenina o los matrimonios forzosos suelen ser acosados por los grupos religiosos. 

Los periodistas son víctimas habituales de agresiones, detenciones arbitrarias y amenazas. Estos ataques se multiplicaron en 2024, cuyo final de año estuvo marcado por el secuestro, por parte de hombres armados, del periodista crítico Habib Marouane Camara, que sigue desaparecido. Los periodistas que tienen libertad de expresión pueden ser objeto de amenazas de muerte y de secuestro, y son vigilados o incluso seguidos por las autoridades. Algunos se ven obligados a exiliarse. La inmensa mayoría de estos actos de violencia quedan impunes. El secretario general del principal sindicato de la prensa, Sékou Jamal Pendessa, pasó más de un mes detenido por querer organizar una manifestación por la libertad de prensa.