En Guatemala existe una amplia diversidad de medios privados, alternativos y, en menor medida, públicos. Pero, aunque no hay trabas para la creación y operación de medios, la ausencia de una norma regulatoria para las radios comunitarias provoca que sean consideradas ilegales y clausuradas. La crisis económica de los últimos años ha promovido el nacimiento de medios digitales independientes de investigación y otras plataformas informativas. La persecución política y económica del periodismo independiente ha provocado una importante conversión de los medios impresos más importantes del país en medios digitales.

Entre 2016 y 2023, Guatemala ha atravesado una fuerte crisis sociopolítica. Las elecciones generales de 2023 llevaron al poder a Bernardo Arévalo, un presidente que se ha propuesto restaurar la democracia en el país. Sin embargo, algunas instituciones del Estado no son favorables a esta tendencia democratizadora y los riesgos para el ejercicio del periodismo siguen siendo elevados. Las investigaciones sobre actos de corrupción, las violaciones de los derechos humanos o las acciones ilícitas por parte de compañías privadas han convertido a los reporteros en el blanco de múltiples ataques. 

La libertad de expresión está garantizada en la Constitución y en la Ley de Emisión del Pensamiento, de rango constitucional. En 2008, el Congreso aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, para facilitar que medios y ciudadanía fiscalicen al Estado, pero esta norma es incumplida reiteradamente por funcionarios de diversos niveles. En los últimos años, ha habido intentos de aprobar iniciativas para criminalizar las críticas en Internet, pero deben ser aún debatidas en el Congreso. Además, la persecución y la censura a los periodistas mediante decisiones judiciales no ha dejado de crecer. 

La situación económica continúa repercutiendo en los medios, que en los últimos años han realizado importantes recortes de personal debido a la disminución de ingresos por publicidad, lo que también ha obligado a apostar por el contenido digital y el acceso a ciertos contenidos de pago. La pandemia de Covid-19 ha agravado esta situación, llevando a la desaparición impresa del diario en papel La Hora, el último vespertino y el medio más longevo del país, que continúa sólo en formato digital. La persecución contra el fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora, también provocó que este medio despidiera a la mayoría de su plantilla y dejara de publicarse en su edición impresa. En 2025, numerosos medios digitales que funcionan gracias a ayudas internacionales, fundamentalmente procedentes de Estados Unidos, se han visto afectados por los recortes presupuestarios adoptados por el presidente Donald Trump.

Pese a las campañas de difamación y el discurso estigmatizante de las autoridades, los periodistas tienen una alta aceptación entre la ciudadanía, principalmente por su labor fiscalizadora y sus investigaciones. Sin embargo, existen ciertos medios y periodistas que gozan de poca credibilidad por su afinidad al gobierno y otros que son blanco de críticas por su línea editorial sobre derechos de la mujer, la igualdad y la diversidad sexual, y la defensa de los derechos humanos. 

La seguridad de los periodistas se ha degradado en los últimos años. El nuevo gobierno de Bernardo Arévalo se ha comprometido a desarrollar una política pública de protección de los profesionales de los medios. Las campañas de difamación, el acoso policial y las agresiones físicas y verbales son los principales atropellos que sufren los periodistas en el ejercicio de su labor. Temiendo por su vida o la de sus familias, muchos se ven obligados a exiliarse. También son objeto de procesos judiciales arbitrarios, como sucede con el fundador del diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora.