Con 5,6 millones de habitantes y el finés como lengua dominante, el país tiene un mercado relativamente modesto y un sector mediático bastante concentrado. El consolidado radiodifusor público (Yle) concentra casi la mitad de las audiencias de televisión y radio, mientras que el resto del panorama mediático lo componen varias cadenas privadas, un número creciente de medios informativos en Internet y un sinfín de periódicos regionales y locales. Contenidos en las lenguas minoritarias (sueco y sami) también están disponibles.

Los medios son, en su mayoría, totalmente independientes de los partidos y de los políticos, con la excepción de la radiotelevisión pública Yle, que está supervisada por una comisión parlamentaria. El gobierno en el poder desde 2023 ha emprendido una reforma de la radiodifusión pública que conllevará importantes recortes presupuestarios. Los políticos no tienen ninguna autoridad para designar o destituir a periodistas de la radiotelevisión pública, y las tentativas de influir en los contenidos son excepcionales y generan un rechazo generalizado.

La libertad de los medios goza de sólidas garantías en la Constitución y sólo se puede imponer un número limitado de sanciones legales por difamación, discurso de odio extremo o alta traición. La confidencialidad de las fuentes está amparada por la ley. No obstante, la condena, en 2023, de dos periodistas por revelación de secretos de Estado, así como  una decisión judicial que impone a los periodistas las costas de defensa legal pagadas por los medios para los que trabajan han creado incertidumbre entre los profesionales que cubren asuntos de seguridad nacional. 

Los medios de comunicación son mayoritariamente privados y la tasa de medios por habitante es de las más altas del mundo. El auge de las redes sociales ha aumentado la presión económica sobre los medios tradicionales, que sufren una alta concentración, sin ninguna regulación específica. Las autoridades no pueden privilegiar a ningún medio en concreto y no se ha registrado ningún caso de corrupción de periodistas o de directores de medios en los últimos años.

Aunque la sociedad goza de una relativa paridad entre hombres y mujeres, las periodistas están más expuestas al acoso y a las intimidaciones en Internet. Si los reporteros son rara vez objeto de violencias físicas, pueden sufrir amenazas que fomenten la autocensura. Las minorías étnicas están infrarrepresentadas entre los profesionales de los medios, con el consiguiente impacto en el trabajo periodístico y la pluralidad de los contenidos.

Los periodistas pueden ser víctimas de estrés psicológico, no solo por el acoso en redes sociales, sino también por acciones judiciales abusivas o “procesos mordaza” (SLAPP), para los que el sistema legal no ha aportado aún ninguna respuesta adecuada. Los periodistas independientes se encuentran en una situación especialmente vulnerable respecto a esta situación, a la que la Unión de Periodistas de Finlandia ha querido responder con la creación de un fondo de apoyo que compense las pérdidas de ingresos que puedan afrontar, ofrezca psicoterapia y cubra otros gastos relacionados con el estrés que genera el trabajo periodístico.