El derecho a la información está garantizado por leyes de inspiración liberal, aunque el ejercicio de la pluralidad se ve condicionado por déficits en las políticas públicas y por una elevada concentración. La influencia en todos los mercados del grupo Clarín, principal actor de la industria del sector, es muy acentuada. Los medios del grupo La Nación, América, Indalo, Werthein, Fígoli, Octubre y Telefe, así como la web de noticias Infobae también son muy seguidos por el público. Los medios sufren presiones del gobierno y de las empresas, especialmente a través de la publicidad pública y privada. El cierre de la principal agencia de noticias, Télam, en 2024, ha supuesto un duro golpe para el derecho a la información. 

La libertad de expresión es un principio valorado por los argentinos. En las últimas décadas, la confrontación política, la polarización generalizada y los discursos de odio, alentados por intereses políticos y económicos, han  tenido un reflejo directo en el sector de los medios, con un empobrecimiento de la calidad de análisis y la información. Las cuestiones sociales, económicas y políticas delicadas se mantienen fuera del debate público, y la agenda mediática está muy concentrada en las grandes ciudades, especialmente en Buenos Aires. El presidente de extrema derecha, Javier Milei, elegido en 2023, alienta las agresiones a periodistas y los ataques para desacreditar a medios y reporteros críticos con su política. Sus partidarios reproducen ampliamente esta conducta.

La libertad de prensa está garantizada por la Constitución. Desde 1983, fecha del restablecimiento de la democracia, la legislación se fue desprendiendo de reminiscencias autoritarias de décadas anteriores. Los delitos de desacato, calumnias e injurias fueron eliminados del Código Penal y la reparación por informaciones falsas o difamatorias se restringe al ámbito civil, a través de indemnizaciones. El respeto a las fuentes y al secreto profesional están garantizados, pero persisten intentos de silenciamiento más sutiles, como presiones económicas y el abuso de las demandas civiles. Los avances legislativos, especialmente los dirigidos a limitar la censura, han sido escasos o nulos. El presidente Javier Milei ha anunciado su intención de cerrar o privatizar los medios públicos y de dejar de financiar a los medios comunitarios, unas medidas que empobrecerían el ecosistema informativo.

La prensa argentina se ve afectada por las persistentes dificultades económicas de la última década, que han precarizado el empleo y los recursos. Los medios más poderosos pertenecen a un reducido grupo de conglomerados, con vínculos en las empresas de telecomunicaciones, el petróleo y la construcción. Entre 2015 y 2019, casi todas las normas anti concentración y destinadas a limitar los conflictos de intereses fueron anuladas. El Estado, a través de la publicidad, las exenciones fiscales y la concesión de contratos, juega un papel opaco. Los organismos reguladores de defensa de las audiencias, promoción de la diversidad y control del mercado de las telecomunicaciones son altamente dependientes del poder político de turno. La mayoría de estos organismos ha sido desmantelada por el gobierno de Milei, al igual que los programas gubernamentales que garantizan el acceso a la información.

Argentina es un país de contrastes, formado por la inmensa metrópolis de Buenos Aires, que concentra el 30% de la población, una veintena de ciudades medianas y extensos territorios con poca población. La pujanza cultural es notable en todo el país, aunque las posibilidades de difusión y del ejercicio del periodismo son muy dispares. La polarización política y el ascenso de una fuerza ultraconservadora, como la del presidente Milei, han exacerbado la intolerancia y la violencia virtual o real, a menudo con el apoyo de la policía. 

No se ha registrado ningún asesinato de periodistas desde el del reportero gráfico José Luis Cabezas, en 1997. Tampoco constan detenciones, salvo algunos arrestos esporádicos durante incidentes, que se suspenden rápidamente. Sin embargo, los reporteros están expuestos a ser blanco de intimidaciones por parte organizaciones delictivas (narcotráfico, trata de personas, mafias policiales, etc) y de la violencia policial cuando cubren manifestaciones. Los ataques son, en general, más frecuentes en localidades alejadas de las grandes ciudades. La violencia verbal, la estigmatización y el acoso a periodistas están a la orden del día en las redes sociales.