El panorama mediático angoleño está marcado por la predominancia de los medios del Estado. De las 23 emisoras oficialmente registradas, sólo dos, Rádio Ecclesia, ligada a la Iglesia católica, y Rádio MFM, son consideradas independientes. De hecho, se suelen rechazar licencias de radio porque no son afines al régimen. Existen dos canales de televisión públicos y algunos canales privados. En 2020, el grupo Media Nova, compuesto por Rádio Mais, TV Zimbo y el periódico O País, pasó a estar bajo el control del Gobierno. De los numerosos periódicos privados que surgieron con la llegada del multipartidismo en 1992, sólo cuatro siguen existiendo en versión impresa. No hay radios comunitarias en el país. 

Tras una aparente apertura en 2017, el presidente Lourenço ha limitado sus intercambios con los medios, y celebra conferencias de prensa muy puntuales sin posibilidad de seguimiento. Se expresa principalmente en inauguraciones y eventos públicos, a los que solo están invitados los periodistas de los medios públicos. El acceso a las informaciones públicas y a las fuentes gubernamentales es muy complicado; así, la censura y autocensura siguen estando presentes. El partido en el poder está sobrerrepresentado en los medios, particularmente en la Televisão Pública de Angola (TPA). Numerosas peticiones de licencias están en suspenso en el Ministerio de Telecomunicaciones, acusado de obstaculizar las iniciativas de personas o grupos fuera del ámbito gubernamental.  

Una serie de leyes aprobadas en 2016  obligan a los medios audiovisuales a retransmitir las declaraciones oficiales del presidente. La despenalización de los delitos de prensa, reclamada por los profesionales del sector, sigue haciéndose esperar. No obstante, hay ciertos signos esperanzadores tras la absolución judicial de dos periodistas de investigación en 2018 y el reconocimiento de que habían ejercido su “obligación de informar con total objetividad”. En 2024, entraron en vigor dos leyes lesivas para la libertad de expresión y de prensa: la ley sobre seguridad nacional y la ley sobre vandalismo de los bienes y servicios públicos. Sin embargo, varias disposiciones de esta última, como las que prohibían la difusión de vídeos o información sobre medidas de seguridad de los bienes públicos, fueron declaradas inconstitucionales por la justicia en diciembre de 2025.

En los últimos años, muchos periódicos han quebrado, tras haber sido recomprados por personas ligadas al partido en el poder, otros no han sobrevivido por las dificultades financieras. Los costes desorbitados de las licencias de radio y televisión son un freno para el pluralismo.

La sociedad angoleña está marcada por la influencia del cristianismo. Los temas relacionados con la religión, la iglesia o la sexualidad se abordan con precaución, si es que no han sido silenciados. La presencia de mujeres en las redacciones es escasa. Por último, los grupos étnicos minoritarios están mal representados en la cobertura de temas que les afectan. 

Resulta todavía frecuente que los periodistas sean procesados y condenados, a veces  severamente, si realizan investigaciones sobre el gobierno o el sistema judicial. Los profesionales de los medios, en particular de la prensa privada e independiente, también son víctimas de amenazas y agresiones. En 2022, al menos tres periodistas fueron víctimas de robos o hurtos de material. Los periodistas también pueden ser detenidos arbitrariamente, especialmente cuando cubren manifestaciones.